Por Ángel Ruiz (@ruizangelt) *
Hace poco más de un mes, el 9 de junio, en su conferencia matutina el Ppresidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de un nuevo “censo” de personas desaparecidas. Hace un par de semanas advertimos cómo esta narrativa sobre los datos “inexactos” de la desaparición en México recordaban mucho a lo sucedido en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Esto es, a una narrativa que minimizaba el fenómeno de la desaparición y hacía pensar que todo el juego de cifras de las entonces Procuradurías Estatales de Justicia (hoy Fiscalías Generales y Comisiones de Búsqueda) era tan sólo un problema de registro administrativo y falta de debida diligencia por parte de las autoridades estatales.
Más allá de la suspicacia del cambio de retórica presidencial hacia el cierre del sexenio, conviene tomarse un tiempo para pensar tanto en lo que implica un censo tanto en la medición del fenómeno de la desaparición en el país, como en los impactos que una estrategia de construcción de información así puede significar para cientos de miles de familiares.
Para esto, hace falta tener claro qué es lo que haría distinto tener un nuevo censo, en comparación con el actual registro de personas desaparecidas (el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, RNPDO). En primera instancia, un nuevo censo requiere la producción de nuevos datos. Estos podrían surgir de levantamientos en campo por parte de Fiscalías Estatales o de Comisiones Locales de Búsqueda, a fin crear datos certeros sobre la desaparición en México. Lo anterior sería muy distinto al actual RNPDO, el cual se compone de la sistematización de los registros administrativos de autoridades que trabajan con ellos en el ejercicio de su función. Por ello, el RNPDO tiene la función de recolectar, sistematizar, publicar y homologar información ya existente, dado que dicha información existe para que las instituciones de búsqueda e investigación de personas desaparecidas lleven a cabo sus funciones. La principal diferencia radica entonces en que mientras el censo produce nueva información sobre un fenómeno, un registro sistematiza la información que ya está en posesión de las autoridades por ser inherente al ejercicio de sus funciones.
¿Qué implica entonces esto –es decir, producir consciente y decididamente nueva información– para dimensionar la desaparición en México y para las familias de personas desaparecidas en el país?
En términos teóricos y técnicos, un censo de personas desaparecidas en México no sería algo indeseable. Todo lo contrario: saber específicamente cuántas personas realmente están desaparecidas, cuántas de ellas cuentan con denuncias administrativas o judiciales para su búsqueda , en qué lugares, e incluso razones de la desaparición, así como datos de las familias, permitiría conocer el fenómeno de la desaparición con gran profundidad. Sin obviar que esta información sobre las características de la desaparición es acercada por los cientos de colectivos de familiares en el país, ampliar de manera sistemática y rigurosa la información sobre la desaparición en México definitivamente ayudaría a mejorar la política pública en la materia.
Sin embargo, por la misma importancia de la certeza y rigurosidad necesaria de los datos sobre desaparición, resulta incomprensible que una tarea de esta magnitud pretenda desarrollarse en tres meses, a decir de la fecha anunciada por el Subsecretario Alejandro Encinas, que sería agosto de este año. Menos aún, sin tomar en cuenta las lecciones, infraestructura y capacidades ya instaladas en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (1). Los riesgos que se corren con un ejercicio sin la preparación debida son muchos, pero uno de los principales es el de confirmar sesgos. Por ejemplo, con una estrategia “censal” basada únicamente en confirmar si las personas de las que existe denuncia de desaparición siguen o no desaparecidas, no sólo significaría repetir un trabajo que de por sí tienen que llevar a cabo tanto Fiscalías como Comisiones, sino que únicamente cerraría las brechas de información allí donde se pueda minimizar el fenómeno.
Varios colectivos ya han señalado que esta es la estrategia seguida por las Comisiones Locales de Búsqueda en los estados, donde el “censo” consiste en buscar a las familias para confirmar si su familiar continúa desaparecido o desaparecida. Los datos parecen confirmarlo: la tendencia creciente de la desaparición en México se ha estancado en los últimos meses, pero sólo si se observa el dato de las personas localizadas. Por ejemplo, de más de 289 mil personas desaparecidas y no localizadas en el RNPDO al día de hoy, continúa sin saberse el paradero de 111 mil 20 personas, es decir, 780 personas menos que hace dos meses, el 17 de mayo, cuando la plataforma reportaba 111 mil 800 personas que continuaban sin ser encontradas. Lo que ha descendido en el RNPDO no es la cifra de reportes totales, por lo que no podríamos pensar que hay malos manejos en estos datos, sino la cifras de las personas que continúan como desaparecidas. Esto puede llevar a dos hipótesis: o las instituciones de búsqueda y justicia están haciendo un mejor trabajo de localización de personas, o bien la estrategia “censal” está teniendo como efecto confirmar sólo aquellos casos en lo que se presume localización, pero sin ahondar en todos aquellos casos no denunciados.
Por último, una dimensión que no es menor es el impacto de una estrategia masiva de recolección de información sobre personas desaparecidas para sus familiares. En un país donde las instituciones especializadas en investigación y búsqueda de personas desaparecidas han sido creadas por la presión e información de los colectivos de familiares, y donde el funcionamiento de dichas instituciones depende en buena medida de la exigencia de justicia y verdad de las familias, resulta cuando menos inverosímil –si no es que revictimizante– que la estrategia de levantamiento de información sea un censo que consista en preguntar algo que, en teoría, las autoridades ya saben: cuántas personas están desaparecidas, dónde desaparecieron y si han sido o no encontradas. En este país, donde los colectivos son los que van a las instituciones para exigir su funcionamiento, que el único momento en que las instituciones se trasladen a los domicilios de las personas denunciantes sea para confirmar un dato que ya deberían de tener, el Estado como un ente político manda un mensaje a las y los familiares de cierre, inacción e impunidad que no podemos permitirnos, si queremos construir estrategias conjuntas y decididas para que todas las personas vuelvan a casa.
¿Los datos sobre las personas desaparecidas en México son perfectibles y deberían ser revisados y ampliados? La respuesta a esta pregunta es un rotundo sí. Pero esto no puede hacerse de manera simplista, puesto que hacerlo no sólo llevaría a minimizar el fenómeno de la desaparición confirmando los sesgos de las instituciones, sino también existe un gran riesgo de revictimización a las y los familiares de las personas desaparecidas. Esta estrategia debe tener una metodología que cuando menos tendría que ser pública, pero que idealmente tendría que ser construida de manera participativa con los colectivos del país.
Son los colectivos quienes saben por qué las personas no denuncian, dónde están quienes no lo hacen, por qué existe un miedo a hacerlo. El sesgo informativo que hay que romper sobre el fenómeno de la desaparición es para dejar de minimizarla; no son más de 111 mil personas desaparecidas en el país: son muchas, muchas más.
* Ángel es investigador en el programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico.
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1. Una de las mayores innovaciones en la medición de fenómenos delictivos de manera compleja, fueron las encuestas de victimización, pues quitaron del dominio de las policías los datos sobre inseguridad poniendo en el centro de la medición a las víctimas. De allí que la “no denuncia” sea de los principales datos a registrar. En el metaanálisis de encuestas de victimización hecho por el Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia, México, con el Inegi, fue de los que tuvo mejores prácticas con el diseño de sus encuestas sobre victimización. Una de las razones de esto fue la capacidad instalada en esta institución, pero también la apuesta presupuestaria: casi 90 millones de pesos para su desarrollo, lo que sería casi una cuarta parte del presupuesto total de subsidios para Comisiones Locales de Búsqueda de la Comisión Nacional de Búsqueda en el 2023.
